Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y avanzar hacia sociedades más justas, saludables y resilientes, es necesario visibilizar aquellas alternativas sociales, políticas y económicas que se basan en relaciones cooperativas, de solidaridad y sostenibilidad. Nuestra manera de relacionarnos económicamente y de producir bienes está en la raíz de muchos de los problemas ambientales y sociales actuales; por tanto, su transformación forma parte de la solución. Nos encontramos ante un escenario global complejo con grandes retos por resolver, como la lucha contra la pobreza y las desigualdades, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, entre otros. Esto plantea la necesidad de una atención urgente y un compromiso más firme para cumplir la Agenda 2030 como proyecto común y como hoja de ruta que nos permita orientarnos como sociedad global en la redefinición del modelo vigente, favoreciendo un sistema en el que la vida esté en el centro.
Desde hace más de 50 años, el Comercio Justo ofrece un modelo de producción y consumo que promueve el respeto a los Derechos Humanos y la protección del planeta dentro de la cadena de producción, ofreciendo a las empresas una alternativa coherente y estratégica para impulsar políticas de Responsabilidad Social en su gestión empresarial, contribuyendo de manera directa al logro del ODS 12 “Producción y Consumo Responsables” y a la construcción colectiva de un mundo más justo.
El Comercio Justo ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como una “herramienta efectiva para erradicar la pobreza y una forma de Desarrollo Sostenible”, ya que permite mejorar las condiciones de vida de las comunidades productoras, la equidad de género en estas comunidades y la calidad ambiental del territorio de producción. También garantiza productos de máxima calidad, saludables y con bajo impacto ambiental para las personas consumidoras.
Asimismo, las Administraciones Públicas pueden influir en el mercado y mejorar el impacto de las políticas de contratación y compra pública. Las adquisiciones de las Administraciones Públicas representan cerca del 20 % del PIB europeo, y alrededor del 11,55 % del PIB en España (Fuente: Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación – OReISCon). Mediante la promoción de una política de compra sostenible, las Administraciones Públicas generan conciencia en las personas consumidoras y en las entidades proveedoras sobre la importancia del consumo responsable y la disponibilidad de alternativas de compra sostenible, realizando una labor ejemplarizante para la ciudadanía.
La Contratación o Compra Pública Ética se define como aquel proceso de adquisición y/o contratación por parte de entidades del sector público en el que se consideran criterios éticos de Comercio Justo para garantizar el respeto de los derechos laborales fundamentales en la cadena de producción y mejorar las condiciones de vida y trabajo de las comunidades productoras de los países empobrecidos. En una visión más integral de las prácticas de contratación administrativa, podríamos hablar del concepto de Contratación Pública Responsable si, además de la dimensión ética del Comercio Justo, incorporamos la social y ambiental para favorecer mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras que participan directamente en los contratos públicos y reducir el impacto ambiental de los bienes y servicios adquiridos.
Desde IDEAS hemos editado esta guía para facilitar el conocimiento sobre la Contratación Pública Ética, el Comercio Justo y las principales cuestiones para acercar a las empresas a la Contratación Pública Ética. Está dirigida a empresas que quieren mejorar sus procesos de gestión empresarial responsable, especialmente al participar en procesos de compra y contratación del sector público. Con esta guía pretendemos animar a las empresas a ofrecer sus productos en las licitaciones públicas, teniendo en cuenta que el marco legal impulsa y respalda la inclusión de criterios responsables en los procedimientos de contratación pública.
Esta guía ha sido editada en el marco del proyecto ANDALUCÍA JUSTA Y SOSTENIBLE. CONTRIBUYENDO A LA AGENDA 2030 A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ÉTICA, financiado por la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo).